Una razón que puede explicar la exclusión del comunicólogo en Puerto Rico es la arcaica tendencia a pensar y sostener que el campo comunicacional se restringe a la función de la prensa y el periodismo. Esto quizás porque de todos los campos mediáticos es la prensa la de más presencia y protagonismo cotidiano de lo realmente importante. Es decir, es todavía el campo mediático que dicta la pertinencia de la agenda de discusión diaria- tal y como lo plantearon aquellos funcionalistas de los años 60 del siglo pasado- y aunque no nos guste a muchos y tengamos duras críticas que hacer al ejercicio del periodismo en nuestro país. Parece cierta también y todavía en Puerto Rico aquella máxima de Julius Fucik, luchador antifascista, que decía “muéstrame un periódico de tu país y te diré cómo está tu país” (En Proaño, 1988). Por tal razón, la radio, y aún más la televisión, recurren todavía a la prensa escrita para desarrollar la generalidad de sus géneros, tanto informativos como de diversión- (me refiero en este renglón, a lo hilarante y motivo de mofa y comedia radiotelevisiva de muchas incidencias de nuestro acontecer político-social). Por tanto, a nivel popular como no tan popular, en Puerto Rico se hace realidad todavía la famosa y estereotipada sinonimia de lo comunicacional y lo periodístico. Así sucedió también cuando se creo la academia comunicacional en el país, que aunque en sus comienzos enfatizaron nominalmente la comunicación pública, su orientación curricular era esencialmente hacia el campo periodístico.
Lo anterior nos lanza también a pensar que hay mucho de estereotipia y liviandad en la percepción popular y académica del periodista y su función. Claro, una de las razones para ello es la poca o inexistente crítica periodística en particular y mediática en general. En Puerto Rico “cualquiera es periodista”, dicen no pocos académicos del campo mediático y de otros. Abogados, médicos, corredores de bienes raíces, políticos y antipolíticos de mala leche, alegados ministros del Señor, comediantes, candidatos a los “rich and famous” y usurpadores de todo tipo campean por su irrespeto y se pasean por las columnas de los periódicos, estaciones de radio y canales de televisión comentando lo que les parece y diciendo lo que les viene en gana. Ello, sin censura ni crítica de ningún tipo y echándole mano, en caso de sentirse amenazados, de la dichosa libertad de expresión, salvaguardada por nuestra constitución, que, a la vez, la copia de la famosa Primera Enmienda de la constitución que supervisa y vigila a la nuestra. La espectacularización de la profesión mediática y periodística se abona a las razones antedichas. Este concepto se relaciona con lo del “cualquiera” del párrafo anterior que incluye también a los famosos- algunos comediantes entre ellos - a quienes la empresa contrata como comentaristas y formadores de opinión en los medios del país, en busca, claro, de aumentar las ganancias de la empresa. El colorario parece lógico: los ricos y famosos son eso por el apoyo popular y por tanto son arquetipos a seguir. Los empresarios massmediáticos, al parecer, piensan igual y creen, en su lugar, que a algún sitio relacionado con la riqueza y la fama nos deben de conducir. Al cumplirse 30 años de la academia comunicacional en Puerto Rico –en el momento que escribimos–, y por tanto periodística, la no colegiación de la profesión todavía se sostiene por las fuerzas más conservadoras del oficio y las entidades que nuclean a estos profesionales no muestran dar avances hacia dicha gestión, (Véase la discusión institucional que al respecto se empezó a gestar en la investigación del Dr. Robert Anderson publicada por la Comisión de Derechos Civiles en el 1967), a pesar de que dichas asociaciones son dirigidas por profesionales que poseen el título académico de comunicador. En el momento que escribimos las dos dirigentes de las asociaciones más representativas de los periodistas del patio esgrimen argumentos bastante ingenuos en su manoseada defensa de la libertad de prensa frente a un supuesto atentado a la misma por el gobierno de turno (Véase capítulo IV). Ambas dirigentes, como dijimos, son egresadas de la primera y mejor escuela de comunicación del país. La ingenuidad estriba en que aparentemente no quieren distinguir entre la libertad de prensa y la de empresa y se lanzan a defender la primera vehementemente, sin hacer ninguna salvedad entre ambas libertades como si se tratara de lo mismo. Cuando digo “no quieren”, pienso que más que ingenuidad pudiera tratarse aquí de hipocresía puesto que siendo ambas dirigentes egresadas de la primera –y para muchos académicos la mejor– escuela de comunicación del país no podemos creer en el supuesto de ingenuidad en este caso. Es decir, se trata de un caso de insinceridad o de miedo a perder el empleo, en última instancia. Desde la gestión periodística de Evaristo Izcoa Díaz ( Picó, 1987), quien sufrió cárcel por los regímenes español y estadounidense, pasando por el sacrificio carcelario de Néstor Concepción por negarse a revelar sus fuentes en un caso judicial contra el gobierno, hasta los periodistas que han sido procesados por las autoridades del gobierno estadounidense en Puerto Rico en el caso Vieques (Jiménez, 2001), y antes por el de Los Macheteros (Sánchez, 1996), se hace necesario entender, y además practicar, las diferencias fundamentales entre estas dos libertades en un país de libre mercado o de constitución democrática como el que vivimos. Cuando la libertad de información es defendida por los dueños de la empresa porque no alberga dudas de su carácter mercantil, éstos maniatan a los periodistas que la defiendan. Es cuando se da la sinonimia perfecta de ambos espacios y puede darse entonces la impresión- por lo menos para los que no somos tan ingenuos- de que la empresa es la paladina de tal defensa (Chomsky, 1992) y su carácter valorativo, y los periodistas sus peones. Por otro lado, los incidentes contra la prensa que tuvieron los gobiernos dirigidos por Rafael Hernández Colón (1973-76; 87-92), Carlos Romero Barceló(77-86) y Pedro Rosselló (93-200) en Puerto Rico brindaron una gran oportunidad a los periodistas del país a tomar más en serio su trabajo y superar la de simples empleados de dueños de empresa cuyo fin principal es hacer dinero y no primordialmente la defensa del valor cultural del derecho a la información y a la comunicación en sí mismos para beneficio de la sociedad civil*. Los académicos y comunicólogos que seguimos de cerca el trabajo teórico- al decir de Walton ( Ibid)- y práctico de estos profesionales de la cultura medática no esperamos menos. Con respecto a dicho trabajo teórico y práctico de estos profesionales, a veces sentimos- nosotros los educadores de la massmediación- que no invertimos el tiempo como hubiéramos querido. Las veces que testimonian sobre sus prácticas y no manifiestan la importancia de su formación teórico-investigativa en su paso por la academia nos lanzan a pensar lo que afirmamos. Por último pienso, como a apuntáramos arriba, que urge también establecer una crítica mediática pertinente y responsable. Me refiero a que las acciones de los comunicadores sociales suelen perdonarse, justificarse o pasarse por alto, aún entre ellos mismos, muchas veces en aras de la furtiva obsolescencia, característica de los textos mediáticos. Por ejemplo, ha habido casos en las prácticas profesionales de la cotidianidad periodística en el país- anteriores al asunto relatado arriba- que merecen también mencionarse, más por lo patéticos que por lo meritorio que resultaron, y que testimonian acerca de la espectacularización y el afán de protagonismo de algunos de sus profesionales. Los mismos están vinculados a las prácticas del periodismo electrónico
e impreso. En la instancia del periodismo electrónico, televisual específicamente, tenemos vivo en nuestra memoria todavía la noche de 31 de julio de1992 en que un periodista del noticiario televisivo más visto en la ocasión –según el famoso y notorio “rating”– presenció un asesinato en sus narices y no hizo nada para ayudar al baleado sino que aprovechó la ocasión para filmar todo el acontecimiento hasta la agonía final de la víctima. Lo peor del caso es que el periodista pudo conducir al herido al dispensario médico más cercano que quedaba a unas pocas cuadras del suceso. Con más terror que espanto presenciamos en la pantalla chica cómo el camarógrafo –obviamente guiado por el periodista y éste guiado por las direcciones de su editor, que a su vez, se guía por el susodicho “rating”– paneaba la cámara a medida que la víctima zigzagueaba sus últimos pasos hacia la muerte. Las críticas populares y académicas al juicio antiético del periodista no se hicieron esperar (Seijo Maldonado, 2000). Lo que significa que los perceptores mediáticos tienen un límite de aguante y que la espectacularización de los sucesos no debe recurrir a tales tácticas sólo para bien posicionarse en el asediador “rating”, medida que da cuenta de cantidades y nunca de calidades. A pesar de que el periodista en cuestión no cuenta con una formación académica en la disciplina, se pueden establecer aquí dos tesis: primero, ignorar la ley no lo exime de la culpa. En este caso “la ley” no es otra cosa que los mandatos correctos de la academia teórica de la disciplina. Éstos establecen que el periodismo es más un apostolado (Hostos,1990) que una profesión lucrativa; un servicio a la sociedad civil, más que a la empresarial, y esa es la segunda tesis. Se ha dicho quizá demasiado que los noticiarios de la tele no son cosa para tomarse en serio, que adolecen de una frivolidad intrínseca (Calaf, en Manresa 2002). Pero a veces tenemos que tomarlos en serio, no porque no resulten frívolos, pero sí infames.
________________________ *La historia de la cotidianidad política almacenada en los periódicos del país atestigua para la posteridad los momentos infames que vivió la nación con las actuaciones soberbias y arbitrarias de estos tres gobernantes coloniales ante la prensa. Romero Barceló se ensañó contra el medio debido a la denuncia de nuestro periodismo responsable de su ingerencia directa en los asesinaos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla de Villalba el 25 de julio de 1978. El semanario Claridad- identificado con el imaginario independentista y socialista en el país- fue el primer medio masivo que denunció la infamia oficial. Luego dos periodistas del único diario anglófono del país dieron continuidad y culminaron aquella primera denuncia con una investigación periodística que no tiene nada que envidiar a las mejores del mundo. El dueño de un canal televisivo del país le confesó al autor de este trabajo que en una ocasión este gobernador se personó a su oficina a amenazarlo con destruirlo publicitariamente si no cesaba su alegada oposición mediática, según él, a su administración. Fue también responsable directo del despido del director del periódico más importante del país, Roberto Fabricio- un cubano de Miami- después que éste escribiera una columna editorial llamándole mentiroso, precisamente después de los acontecimientos en el Cerro Maravilla. Rafael Hernández Colón, por su parte, debe pasar a la historia massmediática como el gobernador colonial que dirigió el gobierno más licencioso y libertino de nuestra modernidad, y contra quien la prensa tuvo que enfilar los cañones por negarse a ofrecer informes acerca de sus múltiples viajes al exterior y de sus “gastos alegres”- tal y como ésta catalogara el despilfarro fiestero de su administración. De hecho, poco antes de abandonar el poder emitió una orden ejecutiva- en otros entornos se le llama decretos- que limitaba el acceso de la prensa a la información gubernamental. Por último, Pedro Rosselló protagonizó contra la prensa los incidentes más infames, pero quizás más pintorescos de parte del gobernador colonial más arrogante y desarraigado que hemos tenido. Gustaba de subestimar a los profesionales del medio, sobre todo a aquellos que le hacían preguntas inteligentes, al punto que en una ocasión se disfrazó del personaje de Pedro Navaja para presentarse ante ellos. Protagonizó el único casi altercado de un primer ejecutivo con un representante internacional de la libertad de prensa, el uruguayo Danilo Arbilla, presidente entonces de la Sociedad Interamericana de Prensa, y quien le cuestionó el hostigamiento que tuvo la prensa del país durante su mandato. El periódico más importante del país se vio obligado a demandarlo judicialmente debido a que este gobernador limitó discriminatoriamente su acceso a la publicidad gubernamental a favor de otros medios que no le fiscalizaban con igual intensidad.
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